7 marzo 2022
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En Chile, el nivel de inversión que se realiza en investigación y desarrollo (I+D) sólo alcanza un 0,35% del producto interno bruto (PIB), posicionándolo como el tercer país con menor inversión de los miembros de la OCDE, los cuales, en el año 2018 tuvieron en promedio un gasto por este concepto de 2,42% del PIB.

Se conoce que los incentivos o beneficios tributarios para Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) son uno de los instrumentos de política pública más efectivos para fortalecer la inversión en I+D+i en los países. Una de las referencias más recientes, publicada por la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad de Melbourne, “The effectiveness of R&D Tax Credits: Cross-Industry Evidence”[1], presentó conclusiones que indican que las empresas industriales aumentan aproximadamente $0,24 de su inversión en I+D por cada dólar invertido.

En 2019, la Comisión Nacional para la Evaluación de las Políticas de Innovación de Francia (CNEPI) publicó un estudio[2] sobre el impacto del CIR (Crédit d’Impôt Recherche), un mecanismo de incentivos fiscales a la I+D en ese país, en el que concluyeron que, a largo plazo, un euro de CIR indujo un aumento de la inversión en I+D de las empresas en 1,2 euros; por otro lado, consideran que la reforma de 2008 supuso una reducción del coste del capital en I+D de las empresas en torno al 15%, lo que, a largo plazo, provocó un aumento de la intensidad de la inversión en I+D de casi un 28%.

En “A Study on I+D Tax Incentives”[3], se analizan varios estudios sobre este tema, concluyendo que los incentivos a la I+D son efectivos y fomentan la inversión en I+D, aunque el impacto cuantitativo es diferente entre distintos países y tipos de metodologías. Los estudios más rigurosos establecen que, por cada euro invertido en I+D, se obtiene un retorno de la inversión de al menos un euro.

En la misma línea, en 2014, la Comisión Europea publicó el documento Financing R&D and innovation for corporate grouth: what new evidence should policymakers know? [4], que demostraba la evidencia de trabajos recientes presentados durante CONCORDI-2013, mostrando que los mecanismos de incentivos tributarios dirigidos a las grandes empresas pueden generar efectos positivos, por ejemplo: En el caso de Reino Unido, que estimó un incremento del 18% en las actividades de I+D empresarial, como consecuencia de la implementación de mecanismos fiscales a la innovación. Esto implica una elasticidad de costo para el usuario de 1,35.

Como referencia más cercana, el Instituto Monetario Internacional publicó en abril de 2016 un estudio[5] sobre la inversión en I+D y las políticas fiscales para fomentarla. En el estudio, se concluyó que los incentivos fiscales deberían reducir el costo de la inversión de las empresas en I+D en un 50 % de media en las economías avanzadas, de modo que se les pueda incentivar a invertir más en actividades de I+D. Un programa de incentivos fiscales que consiga este nivel de reducción incrementaría las actividades de I+D en aproximadamente un 40% respecto a los niveles actuales, y aumentaría el PIB de las economías avanzadas en un 5% a largo plazo.

En este sentido, cabe mencionar que en Chile se han realizado esfuerzos, uno de los más destacables (además de la entrega de subsidios para proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación de distintos organismos públicos) es la promulgación en el año 2008 de la ley 20.241 (mod. 20.570), conocida de forma popular como “Ley de I+D”, que establece un Incentivo Tributario a la inversión privada en Investigación y Desarrollo. Los contribuyentes del impuesto de primera categoría (IDPC), que declaren su renta efectiva determinada según contabilidad completa, tendrán derecho a un crédito contra el IDPC, equivalente al 35% del total de los gastose inversión en contratos o proyectos de I+D certificados por Corfo. Además, podrán deducir de su renta 65% de los gastos e inversión en contratos o proyectos de I+D, considerándose gasto necesario para producir renta, independiente del giro de la empresa. Esta ley se gestó con el objetivo de contribuir a mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas a través de la generación de un incentivo tributario a las actividades de Investigación y/o Desarrollo que éstas realicen, con la expectativa de que el país aumente el gasto en I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).

La ley de I+D encuentra vigente desde el año 2008, sufriendo una modificación el año 2012 que permitió que se pudieran obtener Incentivos Tributarios no tan solo por las actividades extramuros (contratos de I+D ejecutados por Centros reconocidos en el contexto de la ley) sino que también por las actividades intramuros que realice la empresa con sus capacidades técnicas y de infraestructura propias.

En enero de este año el Presidente de la República ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados una propuesta de modificación de esta ley, lo que resulta muy interesante puesto que se ha demostrado con la experiencia mundial, que este tipo de políticas públicas favorece el desarrollo de las economías de los países, fortalece el empleo de calidad, genera capital humano especializado, entre otros, por lo cual es vital  potenciar este tipo de Incentivos a la inversión privada en Investigación y Desarrollo. Entre los principales aspectos que se propone modificar se pueden nombrar:

  • Se eliminaría la modalidad de “Contrato”, todo se entendería por “Proyecto”, lo que debería facilitar la evaluación de iniciativas y ampliar la visión de los evaluadores cuando tienes un alto nivel de subcontratación ejecutando I+D, esto podría potenciar la vinculación academia/empresa, uno de los grandes desafíos que seguimos teniendo en Chile.
  • Aumento del monto máximo de crédito por contribuyente a 3 veces el valor actual, se pasaría de un límite de 15.000 UTM a 45.000 UTM, lo que impulsaría la ejecución de proyecto con mayor inversión de I+D en el país, atrayendo inversión estratégica para generación de conocimiento.
  • Ampliación del uso de beneficios a empresas bajo régimen tributario Pro-Pyme con contabilidad simplificada o completa. Esto ampliaría el alcance de la ley a un mayor número de Empresas de Base Tecnológica de distintos tamaños que se encuentran en un proceso de rápido crecimiento y/o alta inversión en I+D.
  • Se eliminaría la Rectificatoria de la renta. Actualmente esto es una limitante importante para el uso de los Beneficios de la Ley de I+D, ya que las empresas en general son reacias a este proceso.
  • Se eliminaría el arancel mínimo, para que entren proyectos de cualquier tamaño, otra iniciativa que ampliaría el alcance de la ley.
  • Extensión del plazo de vigencia. Se propone extender la vigencia hasta el 2030 (actualmente está hasta el 2025).
  • Eliminación del doble beneficio para proyectos que reciben subsidio, esto es, aquellos proyectos que cuenten con un subsidio total o parcial por parte de alguna institución pública no podrán acceder a los beneficios de la Ley N° 20.241

No se puede negar que estas propuestas representarían un avance importante para nuestro ecosistema, puesto que potenciaría la inversión privada en actividades de I+D, sin embargo, una de las grandes deudas que se sigue manteniendo es la exclusión de la innovación en el contexto de la ley, nuestra legislación solo considera los proyectos de I+D, sin incluir la innovación tecnológica en la obtención de beneficios tributarios. Esta situación claramente va en desmedro del desarrollo tecnológico de Chile, puesto que muchos de los proyectos que se realizan en territorio nacional son de este tipo. Claros son los ejemplos de las start up formadas en nuestro país que son de base tecnológica y que fundamentan su propuesta de valor en la innovación.

Muchos son los ejemplos que se pueden citar de cómo en países de la región se incluyen las iniciativas de innovación tecnológica como admisibles para la obtención de Incentivos Tributarios, entre ellos destacan Perú y Colombia. Si queremos ampliar nuestro horizonte de comparación se puede citar el caso de España donde se entrega un incentivo diferenciado (menor al de I+D) para los proyectos de innovación.

Importante de considerar en este sentido es que las inversiones en I+D, considerando que son más riesgosas y requieren, en general, de presupuestos mayores, son realizadas mayoritariamente por las grandes empresas o empresas medianas (prontas a pasar a grandes), es decir, este incentivo no llega de forma efectiva a las PyMEs.

Es así como desde la experiencia, creemos que efectivamente la inclusión de la innovación tecnológica puede suponer un cambio importante en el alcance de la Ley de Incentivo Tributario a la I+D, permitiendo con notar con variados beneficios entre los que destacan: aumentar el interés de todas las empresas de invertir en I+D+i; diversificar el tipo de empresas que accedan al beneficio incluyendo más sectores económicos; fomentar el uso de la innovación como herramienta de diversificación y reconversión productiva, lo que toma especial importancia en los tiempos de crisis, como el que estamos viviendo actualmente; diversificar la matriz productiva nacional entregando mayor valor agregado a nuestros productos; fomentar la ejecución de iniciativas de innovación enfocadas en Transformación Digital e Industria 4.0, lo que llevaría a nuestro país a competir con sólidas bases tecnológicas en mercados internacionales; entre otros.

Por otro lado, los incentivos tributarios suelen mostrarse como la herramienta más eficaz para que el sector privado genere estructuras sólidas y crecientes para innovar. Mientras que los subsidios públicos son un aliciente para fomentar proyectos y colaboraciones puntuales, los incentivos ayudan a una planificación estratégica más sólida y con crecimiento controlado dentro de las empresas. Por ello, son el instrumento más necesario para que la inversión privada en I+D+i no sólo vaya creciendo, sino que también para garantizar el mantenimiento de lo que ya existe. El estudio realizado por la OCDE “Maximising the benefits of R&D tax incentives for innovation” [6] reveló, como una de las principales conclusiones, que la efectividad de los incentivos tributarios a la I+D+i depende del marco regulatorio y su estabilidad en el tiempo. Por todo ello, es de agradecer que se proponga una extensión de otros 5 años de la ley con suficiente antecedencia como están haciendo, pero tal vez habría que ir un poco más allá y permitir que el incentivo se convierta en un mecanismo indefinido, garantizando la estabilidad del incentivo el tiempo para los inversores.

Por: Paola Pezo, Strategy & Innovation Manager LATAM del FI Group

REFERENCIAS

[1] The effectiveness of R&D tax credits: Cross-Industry Evidence. Russell Thomson, Melbourne Institute Working Paper Series. Working Paper No. 18/13. (2013).
[2] L´impact du crédit d´impôt recherche, Comissão Nacional das Políticas de Inovação da França, março de 2019
[3] A Study on R&D Tax Incentives. Final Report. Working Paper N. 52. (2014).
[4] Financing R&D and innovation for corporate grouth: what new evidence should policymakers know? Policy Brief. European Comission. (2014)
[5] FISCAL MONITOR: ACTING NOW, ACTING TOGETHER. International Monetary Fund. (2016)
[6] Maximising the benefits of R&D tax incentives for innovation. OCDE (2013).

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